El 25 de enero iniciaron las reuniones de los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía de México con funcionarios de alto nivel del Gobierno del Presidente Trump, en relación al Tratado de Libre Comercio y a los demás temas importantes de la relación bilateral que tiene México con Estados Unidos, como son la migración y la seguridad en la frontera.
Las condiciones de negociar el TLC para México se encuentran en desventaja frente a Estados Unidos por la dependencia a la economía americana, debido a sus exportaciones. Prácticamente del total de las exportaciones que realiza México, el 80% de ellas son a los Estados Unidos, es decir, las empresas exportadoras son las únicas que se encuentran en condiciones económicas favorables en México, en tanto que el resto de la economía; las micros, pequeñas y medianas empresas, están en una atonía económica.
Por ello, en su comparecencia ante el Senado, el Secretario Videgaray reconoció que el Gobierno Federal está consciente de que México podría salir del TLC aunque no es un escenario al que apuesten. “Sería una opción de alto costo para millones de empleos mexicanos que dependen de nuestra capacidad de exportar libremente a Estados Unidos; por lo tanto, no debe ser nuestra primera opción”.
Adicionalmente, cosa que ha pasado desapercibido en nuestro país, el Presidente Trump desde su campaña anunció que bajaría los impuestos a todos los sectores de la sociedad americana para impulsar el crecimiento de su economía, mencionando en varias ocasiones en su campaña que lograría -en el primer año de su Gobierno- que creciera la economía a tasa de 5% de su PIB.
Para ello, nombró como encargado de preparar el proyecto de Reforma Fiscal al Dr. Arthur Laffer (quien fuera Asesor del Presidente Ronald Reagan), que siempre ha sostenido que subir los impuestos no necesariamente genera mayores ingresos tributarios sino que, por el contrario, disminuirían, en tanto que establecer impuestos simples, sencillos y a tasa baja, generaría mayores ingresos tributarios y serviría para estimular y crecer la economía de un país.
En este contexto el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República presentó en la Cámara de Senadores en noviembre de 2016 (cuya iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados), dos iniciativas de Reformas y Adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que tienen como propósito los siguientes aspectos:
1. Impuesto sobre la Renta.
A) La Reforma Fiscal del 2014, lejos de alcanzar su objetivo de establecer un sistema justo y equitativo, ha resultado regresiva y ha inhibido el sano desarrollo de las empresas, la creación de nuevos empleos y, por ende, el crecimiento económico del país.
B) Otro factor que ha incidido en forma negativa en la economía mexicana ha sido la disminución de los ingresos petroleros como consecuencia de la baja de precio del crudo, la reducción en la producción de petróleo, la depreciación del peso en un 50% frente al dólar, un peligroso endeudamiento público que ya alcanza el 50% del PIB, aumento del precio de los energéticos y de otros insumos y materias primas utilizados en la producción de bienes y servicios.
C) Todo lo anterior plantea un escenario sombrío y delicado para el crecimiento económico de nuestro país a corto y mediano plazo. Es importante recordar que hace poco más de 20 años tuvimos una de las crisis económicas más severas donde todos sufrimos los efectos negativos y de no actuar de forma inmediata. ¿Nos sumiremos en una espiral perniciosa que llevaría a México a una situación en extremo delicada en sus finanzas públicas y en el bolsillo de los mexicanos?
D) Ante este escenario es urgente una modificación a la política tributaria básicamente incorporar un esquema de tributación fácil y sencillo que ayude a revertir los efectos nocivos que están afectando al desarrollo de la economía mexicana y permita estimular e impulsar la economía interna del país, para lo cual es necesario fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresas, creadoras de empleos y parte fundamental del crecimiento económico nacional. Por ello, una política pública responsable es diseñar mecanismos fiscales que les facilite cumplir con su obligación tributaria y no complicarlos con cargas administrativas que les ocasionaría un mayor gasto en su negocio.
E) En consecuencia, en dicha iniciativa se propone un régimen optativo para la micro, pequeña y mediana empresa a tasa baja, simple y sencilla su determinación. Conforme al Principio de Arthur Laffer, los ingresos tributarios se incrementarían considerablemente, se reduciría sustancialmente la economía informal, la elusión y evasión fiscal, y fomentaría el federalismo fiscal, es decir, que los Estados a través de convenios de coordinación con la federación, administren y recauden el Impuesto sobre la Renta de las micro, pequeñas y medianas empresas.
2. Impuesto al Valor Agregado
A) Actualmente, el IVA es un tributo indirecto cuya relevancia destaca en los ingresos federales. Sin embargo, no cumple a cabalidad el objetivo que se pretende en su recaudación, toda vez que sufre una disminución importante por las devoluciones que se realizan, además de que los beneficiarios de tales devoluciones no son los consumidores de los bienes y servicios gravados, sino las grandes empresas. Dicho de forma más clara, la tasa “0” que se aplica a alimentos y medicinas es perversa y regresiva, toda vez que anualmente se regresa por este concepto un monto aproximado anual de $160 Mil Millones de Pesos a las grandes empresas.
B) La iniciativa tiene los siguientes propósitos:
(i) Eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo del IVA.
(ii) Modificar las tasas del impuesto para facilitar su administración.
(iii) Fomentar el federalismo fiscal, incorporando un mecanismo de impuesto el consumo que sería aplicado por las entidades federativas de manera similar a la forma como opera actualmente el impuesto local sobre impuestos turísticos.
Para lograr la consecución de tales objetivos, se propone una tasa del 3%, en lugar de la tasa “0”, para alimentos y medicinas, con lo cual los consumidores no verán impactadas su economía por la modificación del gravamen. La tasa general quedaría en 10% y se establecería la posibilidad de que las entidades federativas impongan una tasa máxima del 5% al consumo final de bienes y servicios, misma que sería administrada y recaudada por las autoridades fiscales locales.
