A raíz de la internacionalización de la economía, los gobiernos de los países miembros del G-20 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han considerado que muchas empresas no tributan en los niveles que deberían, por lo que se ha considerado plantear un cambio.
Principalmente se analiza el esquema fiscal de grupos económicos con operaciones en diversas jurisdicciones, cuestionando las estructuras fiscales aplicables.
Sin embargo, gran parte de dichas estructuras utilizadas por los contribuyentes son legales, por lo que no incumplen el sistema tributario ni las normas de cada país.
Esta estrategia fiscal implementada por empresas privadas, cuyo objetivo es trasladar las utilidades generadas por un grupo multinacional de empresas a una jurisdicción de baja o nula imposición fiscal, es conocida como “Erosión de la Base Gravable”.
Ante esta problemática, surge el proyecto “Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios” (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS por sus siglas en ingles), presentado por la OCDE, cuyo objetivo es proponer medidas a los países miembros, a fin de combatir la elusión fiscal internacional. BEPS representa un Plan de Acción con 15 medidas concretas que los países miembros de la OCDE buscan adoptar en sus legislaciones internas y Convenios Internacionales, a fin de fortalecer su normatividad fiscal actual y aumentar la recaudación de las grandes empresas multinacionales.
Según un documento emitido por la OCDE, se estima que el impacto global, se traduce en pérdidas de recaudación tributaria entre 100 y 240 mil millones de dólares americanos al año.
Por esta razón, BEPS es visto como el “nuevo paradigma” de la fiscalidad internacional, ya que podría representar un cambio total en la forma en que los Estados afrontan las rentas obtenidas por empresas y grupos con operaciones en dos o más jurisdicciones.
A partir de 2016, en nuestro país se implementaron medidas para brindar mayor transparencia en las operaciones que realizan los grupos multinacionales.
Algunas de las acciones implementadas en México como país miembro, en relación a la implementación del proyecto BEPS presentado por la OCDE, son las Declaraciones Informativas relacionadas con Precios de Transferencia (maestra, local y país por país).
Las entidades mexicanas miembros de grupos locales, así como aquellas que sean subsidiarias mexicanas de grupos extranjeros, deberán revisar la documentación que ampara las transacciones que celebren con sus partes relacionadas, y en su caso analizar la posibilidad de realizar ajustes para robustecer o rediseñar modelos operativos.
Finalmente, es importante comentar que, aunque México se ha alineado a las medidas propuestas en el proyecto BEPS, reformando en 2014 sus leyes sustantivas, para combatir este fenómeno internacional; aún es necesario replantear la directriz fiscal en la lucha contra la erosión de dicha base, con medidas más eficientes y efectivas, buscando la permanencia de la base fiscal, para evitar erosionarla.
¿Y después de BEPS?
El documento emitido por la OCDE explica que el énfasis actual se desplaza hacia una aplicación inmediata de las medidas adoptadas.
El trabajo para desarrollar un nuevo instrumento multilateral para la aplicación de las medidas BEPS en materia de convenios fiscales en la red existente de convenios bilaterales sobre fiscalidad ya ha comenzado con alrededor de 90 países que negocian en un plano de igualdad, y el instrumento quedará abierto para su firma por parte de todos los países interesados en 2016.
La fase de implementación se centrará en la creación y puesta en marcha de un nuevo marco de trabajo inclusivo, abierto a todos los Estados actuando en un plano de igualdad, con el fin de apoyar la aplicación de las distintas medidas, así como controlar su impacto en el tiempo.
