El Servicio de Administración Tributaria dejará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, -quien tomará posesión el 1ro de diciembre como Presidente de México- una guía para combatir el lavado de dinero, que consistirá en un programa de verificaciones a personas que realizan actividades vulnerables además de una iniciativa de ley que plantea crear el mecanismo para conocer a los beneficiarios de operaciones financieras.
El titular de la Administración Desconcentrada Jurídica del SAT en la Ciudad de México, Raúl Joel Díaz, declaró que la dicha guía surgió a raíz de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) urgió a la autoridad a tomar medidas en el combate al dinero ilícito.
El GAFI observó que el Servicio de Administración Tributaria no hace visitas de verificación y que no tiene la capacidad para verificar a personas que realizan actividades vulnerables, además de que el modelo de riesgo utilizado para programar y planear las verificaciones es erróneo porque no contempla la fase de prevención de lavado de dinero.
«A la próxima administración se le va a dejar ya un programa de trabajo de verificaciones (…) la próxima administración ya va a estar preparada para iniciar las verificaciones in situ y extra situ», adelantó.
Las comisiones Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público participaron en este nuevo modelo.
Sobre las medidas que el SAT está tomando sobre la identificación de los beneficiarios de las operaciones financieras, Raúl Joel Díaz Subrayó que el SAT tiene una limitante porque la ley únicamente lo obliga a comprobar si el sujeto obligado le preguntó a su cliente si conocía al beneficiario de la operación, por lo que la autoridad solo cuenta con una autodeclaración del sujeto obligado, sin embargo señaló que se envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de tal forma que el fisco pueda acceder al beneficiario.
«Sin embargo, hay una propuesta de reforma que presentamos en marzo de 2018 en donde ya estamos proponiendo, con base en la experiencia de las Comisiones, para tratar de llegar al beneficiario final que es una de las cuestiones que GAFI nos calificó demasiado mal al SAT. Tiene que haber una reforma legislativa», sostuvo.
Hasta el pasado 16 de julio del presente año, Raúl Joel Díaz fungió como Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, e indicó que en marzo de este año se aprobó el programa de verificaciones como parte del nuevo modelo de riesgo.
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