Es casi “normal” escuchar la palabra <política> y pensar en <corrupción> como si ambas estuvieran ligadas de una forma inmediata; y no es para menos, si volteamos a ver a México, tenemos relevantes casos de funcionarios públicos que actualmente están en la cárcel o han sido acusados por actos de corrupción: el ahora Presidente, Enrique Peña Nieto fue blanco de un escándalo público por la cuestionable y lujosa “casa blanca” de su actual esposa; el reciente caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, acusado de utilizar recursos públicos como botín… La lista puede continuar pero al parecer hasta ahora, la preocupación en torno al tema ha sido más evidente que nunca.
Este miércoles 19 de julio se puso en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) conformado por un Comité Coordinador, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales correspondientes. Para hacer funcionar este sistema, en el período extraordinario de la LXII Legislatura (2012-2015), se aprobaron 7 paquetes de legislación secundaria para prevenir y combatir la corrupción; los cuales contienen la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y en Rendición de Cuentas de la Federación, Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Reformas al Código Penal Federal y Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Sin embargo, inició la operación del SNA sin un fiscal que investigue ilícitos y sin magistrados especializados que se encarguen de sancionar los delitos cometidos por funcionarios y particulares. ¿La razón? Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (parte fundamental del sistema) detalló que después de cinco meses que dicho comité lleva trabajando, hasta ahora recibirá recursos para poder estructurar con qué realizar sus tareas.
Derivado de lo anterior, varias organizaciones, bajo la coalición #VamosPorMás, en pro de proponer una serie de acciones para fortalecer el SNA, se sumaron para exigir recursos suficientes al gobierno para asegurar su debido y buen funcionamiento.
Es irónico que un sistema anticorrupción tenga deficiencias por falta de recursos, los cuales muchas veces, han ido a parar a manos de políticos corruptos. Este problema en México pareciera interminable, son muchos los funcionarios, actuales y en el pasado, que cuentan con un historial manchado por actos de corrupción; siendo que hasta ahora sigue siendo un mal que denigra y lastima a nuestro propio país. Sin embargo, se está haciendo algo al respecto, así que esperemos, el día de mañana no encontrarnos con la noticia de que uno de los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, está acusado por llenarse los bolsillos con dinero público.
